Veladero: derrame 5 millones litros de solución cianurada. Jueces ordenaron brindar agua potable a población afectada. Procesamientos

 

El juez Pablo Oritja, procesó a los nueve ejecutivos de la empresa Barrick por el derrame de millones de litros de solución cianurada en la mina sanjuanina de Veladero. Se trata de empleados jerárquicos que se ocupaban del control y se los acusa de ser responsables de la contaminación de los ríos de la zona por manejarse con negligencia e impericia.  El derrame ocurrió a partir de la rotura de una válvula de la tubería que conduce el líquido contaminante por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La investigación detectó que una compuerta que debía estar cerrada estaba abierta. Por esa negligencia, la solución cianurada terminó en el río en vez de ser resguardado en el canal de contención. Habría habido otros tres derrames de solución cianurada que no se hicieron publicos.  Según consta en un informe de la Dirección de Residuos Peligrosos que figura en el expediente de la Secretaría de Ambiente (hoy, Ministerio) iniciado tras el último derrame, en 2012 Barrick Gold presentó un «registro de contingencias» en el que cual confirmó que hubo al menos tres vertidos de cianuro antes del ocurrido el 12 de septiembre del 2015.  El diario Tiempo de San Juan publicó un resumen de un documento interno de la empresa que asegura que la fuga fue de 5.242.000 litros, es decir, cinco veces más de lo admitió públicamente.  Calcularon que se produjo un derrame de 14 horas. Y que a razón de 328 m3 por hora, les está dando 5.242 m3 de derrame total, y que, traducido a litros, son más de 5 millones.

El juez Pablo Oritja determinó que los habitantes de Mogna no pueden seguir consumiendo el agua bajo su sistema habitual. Los altos valores de Arsénico (0,069 mg/l), Boro (6 mg/l), Cloruros (773 mg/l) y Sulfatos (540 mg/l), que superan los límites establecidos como máximos en el Código Alimentario Argentino(Articulo 982),llevó a la justicia a pronunciarse de manera cautelar, sobre una solución que evite la ingesta de dicha agua por parte de la ciudadanía, ya que afecta a la garantía constitucionalmente reconocida en los artículos 58 – 60 de la CP y 41 de la CN, donde lesiona el derecho a un ambiente humano de vida saludable y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo. Los primeros estudios que refutaron la información oficial fueron los de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la UTN de Mendoza. El primero de ellos encontró que el agua potable en Mogna está contaminada. Una pericia de la Policía Federal determinó que se contaminaron cinco ríos. Y, lo más grave, por primera vez un organismo oficial consideró que se había cometido un delito al violar la ley de Residuos Peligrosos 24.051.

Robert Moran, quien fuera el perito oficial contratado por la Comunidad Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania,  es doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas EEUU  y llegó a San Juan como perito propuesto  por el juez Sebastián Casanello, quien había dispuesto la creación de una Comisión de Expertos para analizar el estado actual de la zona en la que está el emprendimiento minero de Barrick Gold. “Uno de los principales problemas de Veladero es la contaminación silenciosa”, destacó Robert Moran, durante una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado Nacional, donde agregó que la empresa, “se niega a dar datos” sobre su actividad. Además, Moran recordó que “todos los ríos de la zona nacen donde la mina Veladero está trabajando”, y advirtió que se trata de un “ambiente periglaciar”. “Todas las estructuras de Veladero están sobre un ambiente periglaciar”. Se requiere contar con informes independientes que no provengan de fuentes financieramente interesadas”, y aseveró que “Argentina no es el único ni el primer país que tiene problemas para hacer cumplir sus leyes ambientales. “Para medir impactos ambientales se necesita informaciones claves como la cantidad de agua que se utiliza y los explosivos usados por las mineras”. El juez federal Sebastián Casanello, ordenó medidas de prueba y dispuso que las autoridades «provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados» en la zona. También harán análisis de sangre a los vecinos para comprobar la presencia de metales pesados.

Fuente varias  destacándose información publicada en Infobae- La Nación – Clarín- Tiempo (San Juan). informes Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la UTN de Mendoza y disposiciones judiciales.